El Consejo de Infancias de Rosario advierte sobre el deterioro de derechos y rechaza el avance del sistema punitivo

Preocupación

Organizaciones e instituciones que integran el Consejo Municipal de Niños, Niñas y Adolescentes alertaron sobre el agravamiento de las condiciones sociales y exigieron respuestas estatales integrales. Cuestionan la baja de la edad de punibilidad y el nuevo Código Procesal Penal Juvenil.

Las organizaciones e instituciones que conforman el Consejo Municipal de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de Rosario emitieron un comunicado conjunto en el que expresan su “profunda preocupación” por el deterioro de las condiciones de vida de las infancias y adolescencias en la ciudad, y advierten sobre el avance de políticas punitivas que, lejos de garantizar derechos, agravan las vulneraciones existentes.

El Consejo, creado por ordenanza en 2007 como órgano autónomo y consultivo, retomó sus reuniones plenarias en octubre de 2024, convocado por la Dirección de Infancias de la Municipalidad. Desde entonces, las organizaciones participantes —estatales y no estatales— vienen relevando una serie de problemáticas que, según afirman, “dan cuenta de la grave situación de las infancias, las adolescencias, sus familias y los espacios comunitarios”.

Narcocriminalidad, desamparo y violencia

El comunicado señala que el deterioro de las políticas públicas destinadas a garantizar derechos fundamentales está directamente vinculado con “el avance permitido a las estructuras narco-criminales en el entramado social”, lo que genera y multiplica situaciones de desamparo y violencia.

“La complejidad de esta situación ha aumentado de manera exponencial el deterioro en el acceso de niñas, niños y adolescentes a sus derechos fundamentales”, advierten, y exigen decisiones políticas “adecuadas e inmediatas” que estén a la altura de las problemáticas emergentes.

Rechazo a la baja de edad de punibilidad

Uno de los ejes centrales del pronunciamiento es el rechazo a las iniciativas legislativas que buscan endurecer el sistema penal juvenil. En particular, cuestionan la baja de la edad de punibilidad a nivel nacional y la implementación del nuevo Código Procesal Penal Juvenil en la provincia de Santa Fe.

“Estas medidas no garantizan el acceso a derechos básicos, sino que refuerzan la estigmatización de una población ya vulnerada”, sostienen. Y agregan: “Se toma un porcentaje ínfimo como si fuera representativo de la totalidad, desdibujando el sufrimiento real de niños, niñas, adolescentes y sus familias”.

Llamado a políticas integrales

Desde el Consejo remarcan que la respuesta estatal no puede centrarse en la criminalización, sino en la articulación de estrategias entre distintas áreas y niveles del Estado para garantizar derechos. “El Estado debe ser garante, no verdugo”, sintetizan.

El comunicado cierra con un llamado a sostener una mirada integral, basada en la promoción de derechos y no en su restricción. En un contexto de creciente complejidad social, las organizaciones exigen que las infancias no sean el blanco fácil de políticas que, bajo la promesa de orden, profundizan la exclusión.