Infancias y adolescencias trans sin acceso a la salud

Por Stanley Luna / Hay dos fallos contra la reforma de la ley pero no cambian el problema de fondo

Aunque hay al menos dos fallos judiciales en contra de la reforma a la Ley de Identidad de Género realizada por el gobierno libertario en febrero pasado, las infancias y adolescencias trans tienen prohibido iniciar tratamientos hormonales en el sistema de salud. Quienes los habían comenzado antes de la reforma, luchan por continuarlos.

Dos fallos judiciales, uno en Capital Federal y otro en la provincia de Entre Ríos, no han sido suficientes para garantizar el acceso a la salud de niñas, niños y adolescentes trans que desean iniciar una terapia de reemplazo hormonal. Estos procesos médicos, supervisados por especialistas y con los que las personas trans buscan sentirse en sintonía con el género con el que se identifican, quedaron prohibidos desde el 5 de febrero, cuando el Gobierno Nacional modificó la Ley de Identidad de Género mediante el DNU 62/2025.

La reforma exprés fue una respuesta política a las multitudinarias marchas organizadas por el colectivo LGBTIQ+ en distintas ciudades del país, luego de los ataques del presidente Javier Milei en el Foro Económico de Davos, donde vinculó de forma infundada a personas homosexuales con la pedofilia. La medida dejó fuera del sistema de salud a una franja etaria vulnerable. Incluso quienes ya habían iniciado tratamientos antes del decreto, hoy enfrentan obstáculos para acceder a sus hormonas.

“A mis amigos les dijeron que si no tienen obra social, se tienen que ir a otros lados. Están desesperados porque no les quieren dar las hormonas, y tienen más de 18 años”, relata Gabriel Villalba, activista trans de 17 años. Se atiende en un centro de salud de la provincia de Buenos Aires, al igual que sus amigos. Ante la escasez de testosterona en gel, debió optar por la versión inyectable para no interrumpir su tratamiento. “Espero que las cosas se vayan acomodando, que no sea un sufrimiento conseguir algo tan importante para nosotros”, agrega.

Villalba, integrante de la Secretaría de Familia de Niñez y Adolescencia Trans de la FALGBT+, participó en la presentación de un amparo colectivo ante la justicia porteña para frenar el decreto. El 15 de marzo, la jueza Elena Liberatori, del Juzgado Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, suspendió el DNU, pero su alcance es limitado a la jurisdicción porteña. “En el resto del país está prohibido iniciar tratamientos para menores de 18 años. Incluso el propio Gobierno Nacional reconoce que solo pueden continuarlos quienes ya los comenzaron”, señala María Rachid, presidenta de la FALGBT+.

Ciencia versus desinformación

La medida cautelar trajo alivio al cuerpo médico en la Ciudad de Buenos Aires. En los primeros días tras la reforma, Adrián Helien, exdirector del Grupo de Atención de Personas Transgénero del Hospital Durand, advirtió que el decreto vulneraba el derecho a la salud de menores trans y limitaba la práctica médica por miedo a sanciones. 

“Vivimos momentos de mucha incertidumbre. Nuestros consultantes tenían miedo, y el equipo también. Se prohibió toda atención médica para menores de 18 años. Aunque no todos necesitaban intervención médica, quienes sí la requerían estaban asustados y angustiados”, contó Helien.

Helien es una de las voces científicas más críticas del discurso anti-woke libertario. El DNU sostiene que menores eran sometidos a cirugías de reasignación de sexo, basándose en un supuesto informe del Ministerio de Salud que nunca fue publicado ni compartido con especialistas. Helien desmiente esa versión y aclara que en menores trans se practican solo terapias de reemplazo hormonal y, en muy pocos casos, bloqueos hormonales reversibles para detener la pubertad, no cirugías irreversibles.

Un DNU inconstitucional

Otro fallo en contra de la reforma fue emitido el 16 de abril por el Juzgado Federal N°2 de Paraná, que declaró inconstitucional el DNU 62/2025. Pero la decisión aplica solo a un caso puntual, aclara Rachid.

La denuncia fue presentada por la madre de un menor trans de 17 años, contra la obra social OSECAC, que le canceló una consulta médica en Buenos Aires. Allí se evaluaría si el joven podía acceder a una mastectomía. Según el expediente, el adolescente ya utiliza testosterona como parte de su tratamiento, y su cita fue anulada dos semanas después de la promulgación del decreto.

El discurso anti-woke del Gobierno de Milei se ha intensificado. En el marco del ajuste fiscal, organizaciones sociales denunciaron que uno de los primeros colectivos afectados por los despidos estatales fueron personas trans y travestis, contratadas bajo la Ley de Cupo Travesti-Trans. Además, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anticipó la intención del Ejecutivo de derogar el decreto que permite a personas no binarias obtener un DNI acorde a su identidad. A esto se suma la censura de contenidos sobre diversidad sexual en instituciones públicas y la prohibición del lenguaje inclusivo. El discurso de Milei en Davos se convirtió en el ataque más contundente del oficialismo a las disidencias sexuales, y las calles se llenaron de respuestas.