La renuncia de Villanúa, el comisario rozado por una causa de corrupción que deja su puesto en formación policial

Por Hernán Lascano

El escándalo en Rosario con la detección del robo sistemático de partidas destinadas al combustible de patrulleros, por el que hay doce policías presos, tiene analogías con otros del pasado reciente también catalogados como malversación de caudales públicos. 

Este miércoles trascendió la renuncia del subsecretario de Formación Policial de Santa Fe, comisario general Marcelo Villanúa, quien hace cuatro años quedó envuelto en un caso de corrupción con compras de insumos, por el que fue allanado su domicilio aunque no llegó a ser imputado.

Villanúa, conocido por sus camaradas como El Conde, fue jefe de policía de Rosario en el año 2015 y de la provincia de Santa Fe luego, entre 2017 y 2019. Una década antes estuvo a cargo del Comando Radioeléctrico de Rosario, la principal fuerza de calle, cuando comenzaba a despuntar la violencia narco que sacudió a la ciudad.

El gobierno de Maximiliano Pullaro despega esta renuncia de cualquier conexión con el multimillonario episodio de malversación que mantiene detenidas a 16 personas, contando a cuatro civiles, que son dueños o responsables de la estación de servicio utilizada para las maniobras. Aduce que la dimisión se debe a razones de salud de Villanúa y que su segundo, Carlos Prost, dio un paso al costado para facilitar la transición. Georgina Orciani que es secretaria de Administración Financiera en el Ministerio de Seguridad queda interinamente a cargo. Consigna asimismo que las salidas se dan en el marco de una transformación del método de trabajo y la formación de los cadetes policiales.

Villanúa, al que el gobierno convocó para las funciones de formación policial cuando ya había pasado a retiro, estuvo implicado en una causa de corrupción iniciada en 2019 por la desaparecida Unidad Fiscal de Criminalidad Organizada y Delitos Económicos del MPA. Este caso llevará a juicio en breve a varios policías rosarinos según fuentes judiciales.

El comisario renunciante fue allanado en su domicilio el 27 de febrero de 2021 por una secuencia de casos de corrupción económica desarrollados durante sus gestiones al frente de la institución policial. Entre los hechos analizados por el fiscal David Carizza estaba la creación de empresas subordinadas a un grupo policial para prestar servicios pagados por la policía con la ventaja de conocer las ofertas de los competidores en el proceso de compras, a fin de cotizar menos y adjudicarlas. 

Estas empresas estaban a cargo de titulares que, según las áreas contables que investigaron el tema, prestaban facturas a los policías jerárquicos, con lo que se llevaban dinero cobrado por los diferentes servicios.

La investigación que tocó a Villanúa se inició en 2019 a partir de una amenaza a un funcionario policial que radicó la denuncia ante el fiscal Carizza. Ese funcionario era Cristian Güemes, de Administración y Finanzas de la Unidad Regional II, quien tras ello sufrió atentados con disparos y explosivos en su contra. Güemes denunció presuntas irregularidades en los procesos de gestión de compras directas que se realizaban desde al erario provincial por parte de la División de Administración y Finanzas de la Unidad Regional II de Rosario. 

En una derivación de esta causa estuvo imputado el subjefe de policía de la Unidad Regional II Ariel Zancocchia por integrar una asociación ilícita dedicada a lucrar con autopartes de móviles de la fuerza. Según la imputación avalada a fines de 2021 por la jueza Paula Alvarez, el entonces subjefe de policía se interesó para que una empresa creada por él mismo, llamada Genarino SRL, fuera contratada para prestar servicios de mecánica integral a patrulleros. Las firmas fueron las que más facturaron en el período 2016-2020. Según lo expuesto entonces en audiencia Genarino facturó en esa etapa 14.560.660 pesos, de los cuales 14.252.730 fueron por servicios a la provincia.

El secretario privado

Antes de la imputación a Zancocchia, se interesó por su situación y pidió reuniones a la fiscalía actuante el entonces jefe de la División Judiciales de Rosario, comisario Rodrigo Domínguez, que acudía reiteradamente a la fiscalía para averiguar lo que implicaba a su superior. Por esa insistencia en septiembre de 2021 ordenaron el secuestro del celular de Domínguez. 

Desde el lunes de esta semana el comisario Domínguez -es abogado- está detenido. Es uno de los doce policías acusados de detraer 45 millones de pesos mensuales con sobreprecios en la venta de combustible estafando a la provincia. Lo hacía estando en funciones como secretario privado del jefe de la Unidad Regional de Rosario, el referido Acosta, que no tiene implicación en los hechos, pero que fue removido por la robusta red de malversación económica que se desarrolló durante su gestión y que explotó este negocio ilegal mantenido casi un año.

En este nuevo caso están implicados oficiales con trayectoria y mando además de Rodrigo Domínguez. Por ejemplo el comisario supervisor Gerardo Ramírez, histórico jefe del garaje policial de distribución de combustible de la Unidad Regional II. También el subinspector Sergio López del Comando Radioeléctrico, al que le atribuyen pasar las tarjetas Visa Flota en la estación de servicio Puma que se utilizó para las maniobras. 

Se encuentra asimismo preso Fabián Fantín, comisario jefe de la sección Perros y Caballería. También entre los imputados detenidos están el comisario Juan Pigozzi, jefe de la Brigada de Orden Urbano, y el inspector Juan Villordo, encargado de combustible de la Brigada Motorizada. 

En este contexto, que según indica el gobierno provincial es del todo ajeno al caso que motivó la intervención a la Unidad Regional II, se produce la salida de Villanúa. Que estuvo investigado en una causa muy parecida. Y que es uno de los oficiales con experiencia de calle al que la gestión de Pullaro convocó como a otros retirados que tuvieron esa misma cualidad: conocimiento del territorio y pasado controvertido. Los ejemplos más conspicuos son los del ex director del OJO Daniel Corbellini y Gonzalo “Chino” Paz, un comisario con rol protagónico en la perimida Drogas Peligrosas de Santa Fe.