Hoy se define cuándo tratará el Senado el proyecto que ya tiene media sanción. El costo que demanda equivale a los beneficios otorgados al sector más pudiente con el paquete fiscal.

La histórica marcha del 23 de abril llevó el reclamo a la calle. . Imagen: Leandro Teysseire

Después de los jubilados, el otro sector golpeado de la sociedad sobre el que el Congreso discute alguna mejora, mientras el Presidente avisa que la va a vetar, es el universitario. Con dictamen favorable obtenido el martes en el Senado -tras ser aprobado dos semanas atrás por la Cámara baja-, al cierre de esta edición seguía por verse si el tema entraba en el temario del miércoles, o si se llegaba a convocar a sesión para el jueves, en cualquier caso con la denodada resistencia de Victoria Villarruel. Y mientras el gobierno esgrime el santo y seña del "equilibrio fiscal" como único norte, un informe de un centro de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA evidencia la grosera doble vara: muestra cómo ese famoso "esfuerzo fiscal" que demandaría la actualización de recursos del sistema universitario es el equivalente al que se realiza para el blanqueo y los cambios en bienes personales que hoy benefician al 2 por ciento más rico de la Argentina. 

Mientras preparan otra gran marcha federal para la semana entrante, los gremios universitarios ya anunciaron un paro nacional para el jueves, y además movilizarán al Congreso, con la consigna "Si no hay presupuesto y salarios dignos, no hay universidad pública". 

Prioridades

El costo de este financiamiento universitario, según la Oficina del Prespuesto del Congreso, es del 0,14 por ciento del PBI. Esto incluye el conjunto de los gastos de funcionamiento tanto de universidades como de hospitales, la actualización de los fondos de ciencia y técnica y la recomposición salarial de docentes. Sobre esta base se discute por estas horas la nueva ley, mientras desde el Ejecutivo acusan: "No contempla el impacto fiscal ni dice de dónde sacar los fondos" (ver la nota de Melisa Molina en esta misma edición), y la tachan de inviable.

El Centro de Estudios para la Recuperación de Argentina (Centro RA), de la Facultad de Económicas, realizó una investigación donde comparó este costo con el de los beneficios que este mismo gobierno que brega por el equilibrio fiscal le otorgó al sector más rico de la población, con su "paquete fiscal". El informe llegó a la conclusión de que la cifra es exactamente la misma. No sólo eso: comparada con otros esfuerzos fiscales, como el del régimen de promoción industrial de Tierra del fuego, que es del 0,22%, es menor.

La investigación tomó la recaudación separada por patrimonio del periodo fiscal 2022, previa al cambio del paquete fiscal con el que el gobierno de Milei favoreció a los más ricos con rebajas en bienes personales, blanqueo y moratoria. La actualizó por inflación, para tomar la recaudación estimada para el año fiscal 2023. Así mostró que lo mismo que saldría mantener todo el presupuesto universitario durante este año, equivale a lo que se le está dando a esa población más rica con medidas como el aumento del mínimo no imponible y la modificación de alícuotas que favorece al 2 por ciento más rico de la población: 0,14 por ciento del PIB.

La comparación “evidencia que la inversión en educación superior y ciencia queda relegada ante los intereses de los sectores más ricos” y “revela una discrepancia alarmante en las prioridades del Estado”, destaca el informe. Y concluye que “las recientes reformas fiscales subrayan la necesidad urgente de revaluar y priorizar el financiamiento de las universidades”

"Y eso que estamos haciendo este ejercicio con las recaudaciones del primer año, de ahí en adelante se van eliminando las alicuotas más grandes, es decir que el costo sería aún mayor. Por lo pronto, a los extremadamente ricos se les está bajando 0.25 de alicuota, que es muchísimo", observa  Juan Manuel Rodríguez Repeti, investigador del Centro RA, magister y doctorando en Economía.

"Queda claro que el gasto de financiamiento de las universidades está lejos de atentar contra el equilibrio fiscal, y que en comparación con otros regimenes especiales o exenciones impositivas, en términos relativos es un gasto menor", analiza. Y aporta otro ejemplo de evidente doble vara. 

La Ley de Economía del Conocimiento beneficia a empresas como Mercado Libre, Globant, Despegar y unicornios varios con significativos descuentos tributarios, especialmente cargas patronales. Aunque nunca figura como parte del relato de "caso de éxito", a la empresa de Marcos Galperín, por ejemplo, le significa un ahorro de 100 millones de dólares al año. No hay problema fiscal para hacer esas exenciones, pero sí para financiar la educación universitaria de calidad, compara Rodríguez Repet. Nuevamente, lo que se plantea es un rumbo económico y social. 

Un ayudante de primera de la UBA está cobrando 108 mil pesos, aunque en esta etapa inicial el trabajo ad honorem es más bien la norma. Una dedicación simple, aun con antigüedad, no llega a los 300 mil pesos. Contra una inflación acumulada de noviembre pasado a julio de este año de algo más del 135%, la recomposición salarial de los docentes universitarios fue a apenas del 54%. Eso significa que su poder adquisitivo se redujo en un 33 por ciento. Hoy ocho de cada diez docentes universitarios están bajo la línea de pobreza. 

Veto a veto

El proyecto de ley establece que el presupuesto destinado al sistema universitario en 2024 acompañe la variación del índice de precios al consumidor (IPC). Además, se encomienda al Poder Ejecutivo “recomponer los salarios docentes y no docentes del sistema universitario nacional” entre diciembre y la sanción de la ley, según “la variación acumulada de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) durante dicho período”.

Con el mismo ímpetu que defendió los 100 mil millones de pesos reservados para la SIDE, el Gobierno busca por estas horas que el proyecto no sea discutido en la cámara Alta, y mucho menos que se convoque a una sesión especial por este tema. Igual avisa que, si sale, la ley se veta: si no hay plata para jubilados, tampoco para universitarios.  

La reunión de senadores y rectores, en Lomas de Zamora. 

El martes, en la Universidad de Lomas de Zamora, los senadores por la provincia de Buenos Aires, Wado de Pedro, Juliana Di Tullio y Maximiliano Abad, se reunieron con los rectores y vicerrectores de veinte universidades nacionales de la provincia. Recorrieron la universidad que se enorgullece de formar "primeras generaciones de universitarios" y escucharon de primera mano las penurias cotidianas de las casas de estudios. Fue un modo de visibilizar la urgencia de una ley que se reclama urgente. 

Tras casi nueve meses de protestas, y la histórica marcha del 23 de abril, el reclamo sigue siendo el mismo: posibilidad de funcionar, previsibilidad, apuesta a la educación pública. Evitar, en fin, el quiebre de la universidad pública argentina, tal como la conocemos hasta hoy. "La situación salarial de docentes y no docentes es crítica, la más terrible que nos ha tocado enfrentar desde el regreso de la democracia", sintetizaron desde la Federación Universitaria Argentina. 

Frente a este panorama, todos los gremios universitarios están llamando a parar y marchar el jueves, en apoyo a la ley y en repudio al veto preanunciado.