
Santa Fe se sigue mirando en un espejo que le devuelve la imagen de un pasado dorado en lugar de ver el presente absolutamente negro que tiene por delante.
El discurso productivo de la política provincial choca con una realidad que fue modificada por modelos económicos nacionales que, en mayor o menor medida, fueron acompañados desde aquí en distintas épocas. La edición de este año de Agroactiva en Armstrong volvió a ser escenario de esa mímica que intenta destacar la fuerza del agro y la industria como si alcanzara con ponerle corazón y garra a las cosas. El presidente Javier Milei fue más sincero: Ni siquiera se acercó a la muestra y envió a su jefe de Gabinete Guillermo Francos para que escuche los tímidos reproches hacia las destructivas políticas que implementa el gobierno libertario.
La provincia ya no es aquella del primer Censo Económico Nacional de 1895, cuando los datos la ubicaban como el territorio más productivo del país, superando a Buenos Aires en cantidad de industrias radicadas. La información actualizada esta semana por el economista rosarino Cristian Módolo, en una disertación en la Asociación de Empleados de Comercio indica además que Rosario ya no tiene lo que la hizo grande: No tiene puerto, no tiene trenes y no tiene industrias. Y la provincia es la única grande que perdió su banca oficial y no hubo un solo proyecto en la Legislatura en los últimos años que intente reparar ese daño tan histórico como incomprensible. Tampoco se van a animar a plantearlo para la reforma de la Constitución en los debates de julio.
Pero el discurso productivista persiste casi como homenaje y con algunas acciones que no pueden revertir por sí solas un presente demoledor para todo el país. Pero algo hay que hacer y más por el agro que exporta. La industria es un paciente más delicado y está en cuidados paliativos.
Por eso el gobernador Maximiliano Pullaro pide el fin de las retenciones a las exportaciones como manera de esquivar al dólar regulado que es la política central del gobierno nacional. En esta ocasión, la nación ya ni siquiera promete como lo hizo el presidente en la feria del año pasado. “No es viable”, dijo Francos sin vueltas en esta oportunidad. Sin embargo, el sector se queda quieto porque empatiza ideológicamente con este gobierno. Pasa lo mismo con el subsidio al transporte: Lo que hace unos años era un escándalo por una simple demora en el giro de los recursos, hoy es silencio ante la desaparición completa de la ayuda nacional.
Las retenciones van directo al altar del déficit cero y a cambio Santa Fe se endeuda en 150 millones de dólares para las obras de acceso a las terminales privadas que debería financiar la nación. Eso sí, la titular de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, destacó el rol de los cuatro puertos públicos de la provincia y la necesidad de desarrollar un nuevo puerto en el norte para romper los desequilibrios territoriales. Pero la realidad indica que el volumen de la operatoria de estos puertos públicos es poco significativa.
Otro de los puntos que se destacó en Agroactiva fue la implementación del programa Exporta Simple que el gobierno provincial vende como una iniciativa propia que le dobló el brazo a Milei. “Rompimos el monopolio de Ezeiza y logramos tener el primer aeropuerto del interior que exporta”, insiste en destacar el ministro de la Producción, Gustavo Puccini. En realidad, fue el ministro nacional de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien habilitó la posibilidad de exportar desde el aeropuerto de Rosario haciendo gala -precisamente- de su espíritu desregulador. Sí en la práctica, la medida redujo en hasta un 50 % los costos logísticos, permitiendo que más empresas accedan a mercados internacionales de forma eficiente. Pero de ninguna manera fue una conquista.
Debates constitucionales
El abogado rosarino actual consejero del Consejo de la Magistratura de la Nación, César Grau pasó por Rosario y señaló que el debate por la reforma de la Constitución de Santa Fe es “una gran oportunidad” para conformar un Consejo de la Magistratura en la provincia “con facultades importantes y una integración adecuada”, señaló. Y opinó que tendría que tener una representación popular directa, como por ejemplo sucede en Chubut donde hay representantes populares en el Consejo de la Magistratura. “Lo elige la población cuando son las elecciones generales, elige a cinco representantes, un consejo de 14 miembros, cinco son electos directamente en elecciones así como se elige gobernador, diputado provincial, concejal, se eligen también representantes del Consejo de la Magistratura. Ese sería un avance muy importante”, aseguró Grau.
Y sugirió además que un futuro Consejo de la Magistratura en Santa Fe, debería incluir también “no sólo los jueces, sino también a los fiscales y a los de defensores, porque hoy hay una discusión muy grande en cuanto al estatus del Ministerio Público de la Acusación, como si fuera un poder distinto, pero tiene que tener un contralor externo y precisamente el Consejo de la Magistratura sería un órgano ideal para esto, como acontece en otros en otros lugares”, opinó.
Para Grau, como son los fiscales los que deciden “sobre la libertad de todos nosotros, si no son controlados por un órgano con las facultades suficientes, con la fortaleza necesaria, esa institución se va a terminar distorsionando y va a fracasar en sus en sus finalidades, y el Consejo de la Magistratura es una buena herramienta que ha funcionado en el mundo”.
Como consejero del Consejo de la Magistratura de la Nación, al doctor Grau le tocó intervenir el famoso caso de los jueces que se reunieron a escondidas con el poder en Lago Escondido. Como presidente de la comisión de Disciplina, "ví que hubo una defensa muy corporativa de estos jueces. La votación salió seis a cuatro para que no se pudiera seguir con la investigación", contó.
También se refirió al caso del juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, formalmente acusado por delitos de extorsión y no investigar por narcotráfico a Esteban Alvarado. "Está citado para el próximo día 17 de junio a las 10 de la mañana, donde puede ir o puede presentar por escrito. A partir de ahí habría 20 días para que la comisión, que yo también integro, elabore un dictamen final que puede ser desestimatorio o acusatorio. Si es acusatorio, va al plenario del Consejo de la Magistratura y si obtiene los dos tercios de los votos en el caso, iría a al jury de enjuiciamiento, que es otro órgano constitucional y ese órgano ahí define en el plazo de 180 días si lo destituye o no lo destituye de su cargo. Y a partir de ahí, bueno, podría cumplir con alguna condena", concluyó.
Fuente: Rosario12