Santa Fe: Maximiliano Pullaro sufre un conflicto en el corazón de su principal bandera de gobierno

Por Gustavo Castro - Santa Fe: Maximiliano Pullaro sufre un conflicto en el corazón de su principal bandera de gobierno

La muerte autoinfligida de un suboficial en Rosario detonó manifestaciones de los uniformados. Reclamo genuino y reacción oficial. El desafío del gobernador.

Una protesta policial iniciada en Rosario esta semana obligó al gobierno de Santa Fe a tomar medidas para mejorar las condiciones de trabajo en la fuerza. La situación implica una lastimadura simbólica a la principal bandera de Maximiliano Pullaro, la seguridad, y le impone un desafío político de magnitud de cara a su segundo tiempo en la Casa Gris.

Es de especial relevancia tener una caracterización correcta del sector social que hoy protagoniza el conflicto con el gobierno provincial. Dicho de otro modo: quiénes forman parte de la policía santafesina.

Se trata, en su mayoría, de gente que proviene de los segmentos populares de ciudades y pueblos del centro norte de la bota. La asimetría geográfica de la procedencia policial se puede explicar, al menos parcialmente, en las diferencias productivas con el sur. En la zona núcleo agropecuaria y en el Gran Rosario industrial las chances de conseguir trabajo de cierta calidad, naturalmente, son otras.

En el caso del Servicio Penitenciario, además, hay otras particularidades. En el personal de esa fuerza hay una presencia notable de vecinos de Coronda, por la obvia razón de que en esa ciudad se emplaza desde 1933 una de las cárceles más grandes de la provincia. También, desde la década del ’90, se sumó un aporte singular de hombres y mujeres de Laguna Paiva: padre ferroviario, hijo guardiacárcel.

En cualquiera de los casos, la cuestión vocacional tiende a cero. Se trata, ni más ni menos, de la posibilidad de acceder a un empleo relativamente estable, con sueldo seguro, obra social –especialmente si hay hijos- y jubilación, todo lo cual resulta de difícil acceso por otra vía. En consecuencia, el aspecto material lo es casi todo.

La víscera más sensible

Con alquileres y tarifas de servicios públicos en irresistible ascenso, las estrecheces salariales exigen realizar una voluminosa cantidad de horas OSPE, lo que comúnmente se denominan “adicionales”, que se desarrollan en partidos de fútbol, festivales y varios etcéteras.

La inevitable ausencia de descanso conspira contra la salud mental de los agentes, normalmente en riesgo por la naturaleza propia de la tarea. Por el mismo motivo, pedir una licencia psiquiátrica se torna una opción lejana: si no se está en actividad, no hay horas extras y la plata no alcanza. Y, además, crecen las tentaciones de atravesar la siempre resbalosa frontera con el delito, amén de la corrupción estructural.

Las complejidades prestacionales de Iapos, la obra social de la planta estatal de la provincia, también aporta lo suyo. La delicada situación de algunas coberturas suma tensión a los ingresos ralos de la base de las fuerzas de seguridad, sea por la decisión de añadir una prepaga o por la exigencia de abonar el plus médico.

Hay, por otra parte, aristas que exceden al bolsillo, aunque lo tocan. En un contexto denso en materia de seguridad, las recargas horarias y la suspensión de vacaciones son práctica habitual. Asimismo, los viajes a Rosario son eternos desde el norte de la provincia y en no pocas ocasiones la única alternativa es vivir unos días en la gran ciudad del sur, lo cual implica mayor egreso de dinero y menor presencia física con la familia.

El desafío de Maximiliano Pullaro

No es ninguna novedad que el personal de seguridad, al igual que el resto de la masa trabajadora estatal de la provincia, en 2023 votaron masivamente a Unidos y, en particular, al actual gobernador. Se da, además, la característica de que policías y penitenciarios suelen estar en pareja con integrantes de las mismas fuerzas o con docentes. De esta manera, el sufragio es de la familia. Aunque no es lineal, en general va en combo.

Ese vínculo comenzó a enfriarse desde el principio por la política salarial, pero muy probablemente haya habido un quiebre con la reforma previsional. Además del ajuste de haberes, el segmento de las fuerzas de seguridad tiene un condimento extra: el aumento en la edad de retiro. Es que el atractivo también estaba en la posibilidad de jubilarse alrededor de los 50 años y después empezar otra vida.

Hasta este verano, el malestar se venía cocinando a fuego lento y se expresaba sólo a través de las redes sociales, pero algo cambió. En distintas visitas de Pullaro a fiestas populares se registraron episodios de tensión. Uno de ellos, en Barrancas, terminó con un policía retirado y un custodio del gobernador revolcados en el piso.

El miércoles, la noticia de la muerte del suboficial de policía Oscar Eduardo “Chimi” Álvarez, un joven de 32 años oriundo de Vera, detonó la erupción. Dos días antes se había disparado a sí mismo en la sede de la jefatura de la Unidad Regional II, en Rosario.

Automáticamente comenzaron las protestas policiales. La más intensa, en el explosivo territorio rosarino. En las últimas horas, el gobierno de Pullaro reaccionó con una batería de medidas dirigidas al bolsillo y a la cabeza de las fuerzas de seguridad. Economía y salud mental.

Es que, como lo afirmó el propio ministro Pablo Cococcioni, el reclamo es genuino, más allá de que nunca faltan los pícaros. Eso supone un desafío de dimensiones considerables para la gestión: cómo hacer frente a una demanda creciente de recursos en momentos de caída sistemática de la coparticipación y con un horizonte cercano de pérdida aún mayor de ingresos por la baja de impuestos a las grandes empresas que propone la reforma laboral de Javier Milei.

A esa acechanza material se le agrega el costado simbólico: el conflicto nace en el corazón de la principal bandera del gobierno de Pullaro, en donde puede mostrar resultados concretos a la ciudadanía, como la reducción de homicidios. Más aún, en una administración que se presenta ciertamente como pro-policial, en palabras de Cococcioni.

El carozo del asunto es que la reivindicación en la palabra pública insufla épica, lo cual es determinante en una provincia estragada por la violencia criminal como Santa Fe, pero no da de comer. Es que, al final del día, la enorme mayoría de los policías y penitenciarios no quiere ser Rambo o John Wick sino que pretende cumplir con su trabajo con la menor cantidad posible de problemas y volver a su casa con su familia. Así de simple.