Un billón de pesos en juego: qué puede ganar Santa Fe en la pelea de los gobernadores con Casa Rosada

Argentina Federal

El Gobierno nacional sigue con preocupación la rebelión de los 23 gobernadores más el jefe de gobierno porteño a quienes volverá a convocar para pedirles una tregua. La intención de la Casa Rosada es que desistan de los proyectos de ley que acaban de presentar en el Senado, el primero para coparticipar el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y el segundo para distribuir los fondos aún pendientes de ejecución de los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN). La disputa ronda el billón de pesos de los que Santa Fe pretendería recibir 200 mil millones. 

Desde Jefatura de Gabinete planean dos encuentros durante julio, uno con una mesa chica de cinco o seis gobernadores y el siguiente, antes de fin de mes, con el Consejo de Mayo, en el que sólo están representadas las provincias firmantes a través del mendocino Alfredo Cornejo. 

Los jefes provinciales no quieren ir al choque pero tampoco están dispuestos a ceder. Sufren por igual y sin distinción política los recortes de recursos y de obra pública de parte de Nación a lo que se suma la caída de la coparticipación por la baja del consumo. En la lista de males y quejas no hay distinción partidaria. Ya decidieron además que no acompañarán la prórroga de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo, que le permiten a Javier Milei y al ministro de Desregulación Federico Sturzenegger avanzar implacables con la motosierra.

En pos de un acuerdo general se corrió del centro de la escena el bonaerense Axel Kicillof para que la discusión no se centre en su persona y la negociación no se frustre. De hecho coinciden en que si Economía abriera el grifo, las leyes no serían necesarias. 

Esa opción sin embargo parece imposible. Lo repiten en cada reunión los funcionarios nacionales y en todas las previsiones del Gobierno. “La plata les alcanza”, avisa Milei mientras el jefe de Gabinete Guillermo Francos minimiza el reclamo de los gobernadores.

Que compartan las demandas grandes distritos como Buenos Aires, Santa Fe, CABA, Córdoba y Mendoza es tanto una garantía para ejercer presión sobre la Casa Rosada como un condicionante para que participe el resto de los mandatarios. Por ahora nadie se corta solo.

El escenario se modificó por el malestar generalizado y las promesas incumplidas. Ya no son sólo los peronistas Kicillof, Ricardo Quintela (La Rioja) o Sergio Ziliotto (La Pampa) los enojados. Se sumaron los reclamos del norte, como los recientes planteos de los aliados Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán); la unión de los de norpatagonia (el neuquino Rolando Figueroa, el rionegrino Alberto Weretilneck y el chubutense Ignacio Torres); y el rol de Rogelio Frigerio que pasó de dialoguista a ser casi un ministro coordinador de la liga de gobernadores. 

En el plano electoral y a pesar de la merma de participación, el único oficialismo derrotado fue el del PRO de la Ciudad de Buenos Aires. La participación de Jorge Macri en cada reunión —aún no siendo parte del Consejo Federal de Inversiones (CFI)— se explica en parte por la ofensiva de los hermanos Javier y Karina Milei sobre el distrito y por la pelea latente por la deuda de Nación con CABA. Algunos, entonces, se sienten empoderados mientras otros temen que lo que no negocien antes de octubre les sea difícil post elecciones.

Sin ser de ruptura el clima es tenso y se tradujo en las últimas votaciones del Congreso, contrarias a los deseos de la Casa Rosada. Por eso después de dos reuniones en el CFI y un encuentro vía zoom entre gobernadores, el ministro Luis Caputo convocó a los ministros de Economía de cada distrito en el marco del Consejo Fiscal. El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, pidió a sus interlocutores que convencieran a los gobernadores del impacto fiscal que tendrían ambos proyectos de ley en caso de aprobarse en el Congreso. La respuesta fue negativa. Los ministros advirtieron que ni tienen potestad de negociar ni posibilidad política de convencer a sus jefes políticos. Lo mismo dijeron peronistas, funcionarios del PRO y los representantes de partidos provinciales o de provincias con coaliciones como la de Santa Fe.

Lo que cuestionaron en privado lo blanqueó en público el ministro de Hacienda y Finanzas de La Pampa, Guido Bisterfeld. El funcionario desmintió el comunicado de Economía, aseguró que no hubo ninguna contrapropuesta y advirtió que “están logrando el superávit fiscal con fondos que pertenecen a las provincias”. Señaló además que sus anfitriones cometieron un “sincericidio” cuando negaron la distribución del Impuesto a los Combustibles Líquidos y de los ATN para no afectar el equilibrio fiscal. Lo mismo apuntaron varios puertas adentro en la reunión con el equipo de Luis Caputo. “Tienen equilibrio con la nuestra”, reprocharon en un lenguaje copiado de la jerga libertaria. 

Fueron esos mismos ministros provinciales los que escribieron la letra chica de los proyectos de ley presentados el jueves último en el Senado de la Nación. Entre ellos estuvo el santafesino Pablo Olivares. 

En lugar de dar marcha atrás recibieron de sus gobernadores la indicación de avanzar con proyectos que finalmente llevan la firma de todos los bloques, incluso de senadores de buen diálogo y de ingreso habitual a la Casa Rosada como el correntino Carlos “Camau” Espínola. Sólo faltaron las firmas de La Libertad Avanza. Al pie de los proyectos figura la del jefe de la bancada del PRO, Alfredo De Angeli, y lo celebró en redes sociales Alejandra Vigo, del cordobesismo de centro que ahora vuelve a la carga contra las retenciones al campo. 

El acuerdo alcanzado implica distribuir el 20 % del billón de pesos en juego en 24 partes iguales. El 80 % restante se distribuiría según los porcentajes de la Ley de Coparticipación. En la redacción primó el consenso.