Un proyecto en favor de los abusadores de mujeres y de la infancia

Por Mariana Carbajal

Está en el Senado y busca aumentar las penas por falso testimonio, sólo en casos de violencia de género e infantil. El resultado sería que las víctimas denuncien aún menos por temor a una condena. Pedófilos y violadores, favorecidos.

En el Senado avanza un proyecto que busca proteger a agresores de mujeres y niñeces y a pedófilos. Se trata de una iniciativa de la radical Carolina Losada, que este martes obtuvo dictamen en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales. El ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona concurrió a la comisión para brindar el apoyo del Gobierno, aunque fundamentó la posición con fake news. El proyecto agrava el delito e impone penas de hasta seis años de prisión por falsa denuncia si “fuera por delitos de violencia de género, abuso o acoso sexual o violencia contra niños, niñas y adolescentes”. 

Contra las afirmaciones de Cúneo Libarona y Losada, no hay evidencia estadística ni académica de que las “denuncias falsas” representen un porcentaje significativo de los casos que tramitan en la Justicia argentina. Un relevamiento realizado en España por la Fiscalía General del Estado, encontró que el porcentaje de sentencias condenatorias por denuncia falsa es ínfimo: el promedio entre los años 2009 y 2021 es de mucho menos que el 0,01 por ciento: apenas llega al 0,0084 por ciento

El proyecto tuvo dictamen con la firma de 9 senadores y senadoras de Juntos por el Cambio, la LLA y otros bloques aliados al oficialismo. Lo apoyaron Luis Juez, Edith Terenzi, Beatriz Avila, Pablo Blanco, Eduardo Vischi, Carolina Losada de JxC; Carlos Arce del Frente Renovador de la Concordia-Innovación Federal y Natalia Gadano de Alianza por Santa Cruz.

La comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta es presidida por el libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja), quien encabezó la reunión en la que expuso Cúneo Libarona. El proyecto perderá estado parlamentario si no se trata esta semana. Losada apuesta a que se incluya en el temario de las sesiones extraordinarias si el Gobierno llega a convocarlas.

“Gran parte de las falsas denuncias son por violencia y producen daños irreversibles”, argumentó Cúneo Libarona, sin dar ninguna fuente de sus afirmaciones. Todo el tiempo se refirió a la violencia por razones de género. “Una denuncia de género falsa destruye la vida de una persona”, señaló y enumeró entre las consecuencias a “gente que se ha suicidado”, “impedimento de contacto” de un progenitor con sus hijos; “desprestigio social”, “perdida laboral”. Se desconoce de dónde surgen esos datos. El ministro no aclaró. No existen en el país estadísticas al respecto.

El Código Penal ya prevé el delito de denuncia falsa, pero no hace diferencia por tipo de denuncia. Como castigo prevé multas y penas de dos meses a un año de prisión.

“Este proyecto no es más que una nueva estrategia para criminalizar a las mujeres. Busca disciplinar e intimidarlas para que no denuncien la violencia por motivos de género o de abuso sexual contra niñeces y adolescencias. Responde también a este clima de época. Losada lo impulsa en el Senado y Lilia Lemoine de LLA, en Diputados. Son iniciativas que promueven organizaciones que encubren a progenitores abusadores”, señaló a Página/12 la diputada de UxP Mónica Macha, presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidades de la cámara Baja.

El proyecto de Losada dialoga con el repudiado “1er. Congreso Internacional Interdisciplinario Sobre Alienación Parental y Violencia Familiar”, que se realizó días atrás en la Facultad de Derecho de la UBA, para hablar de un síndrome que no existe y cuya invención busca desacreditar y silenciar a niños y niñas que denuncian a sus padres por abuso sexual, para proteger a esos progenitores pedófilos.

Se trata de una avanzada en línea con los mensajes de máximas autoridades de Gobierno –entre ellas el ministro de Justicia y el Presidente– que niegan la existencia de la violencia de género, en un contexto de desmantelamiento de las políticas públicas tendientes a brindar asistencia a las víctimas, como viene denunciando Página/12.

Por otro lado, si hay una Comisión para la reforma integral del Código Penal: ¿Qué sentido tiene impulsar este proyecto ahora? Tampoco se explica la necesidad del agravante a la figura de falsa denuncia. No existe un problema estructural y generalizado de mujeres que denuncian falsamente a sus parejas o exparejas (al menos, nadie lo ha identificado con alguna metodología plausible). En cambio, sí se ha determinado que la mayoría de las mujeres que sufren violencia no lo denuncian: diversos estudios encontraron que solo 2 de cada 10 mujeres lo hace.

De los datos del Registro de Femicidios de la Corte Suprema de Justicia surge que 8 de cada 10 mujeres nunca habían denunciado los hechos de violencia. En un país con cifras escandalosas de femicidios –1 cada 37 horas–, el proyecto de Losada se muestra desvinculado de la realidad argentina: en lugar de profundizar las líneas destinadas a proteger a las víctimas de violencia de género y el abuso sexual, se envían mensajes intimidantes –como esta iniciativa– que las desalentarán a buscar ayuda. La posibilidad de sufrir alguna persecución penal por la presentación de una denuncia, se convertirá en otro obstáculo a la hora de pedir ayuda.

Para las víctimas de violencia de género, no es fácil denunciar: el proceso muchas veces tiene un costo social asociado a la mirada de los demás (todavía se las culpabiliza) y dentro del trámite judicial, donde es usual que se las revictimice. Además, denunciar al padre de los chicos si tienen hijos en común, tiene consecuencias económicas: muchas veces pierden parte del sustento que requieren para el sostén de la crianza y quedan a cargo exclusivamente del mantenimiento del grupo familiar.

En términos normativos, el proyecto va en contra de leyes nacionales y de normas internacionales. Esto último es gravísimo porque deja al Estado argentino a tiro de responsabilidad internacional. Hay tratados internacionales que le exigen al país --Argentina los suscribió-- que se tomen acciones para eliminar la discriminación contra las mujeres y la violencia generalizada: uno de esos tratados --la Convención CEDAW –tiene jerarquía constitucional. Y exigen que se asegure el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia. Este proyecto de ley viola la igualdad y profundiza la discriminación hacia las mujeres.